Apoyo del Defensor del Pueblo de España al Manifiesto de los Sexenios
El Manifiesto de los Sexenios firmado por más de 2000 investigadores universitarios españoles, contra el procedimiento de evaluación de los sexenios de investigación, que en su opinión ha causado muchas y grandes injusticias a un amplio número de investigadores, ha recibido el apoyo decidido del Defensor del Pueblo de España, que se manifiesta especialmente en los dos escritos siguientes:
1) Mayo de 2005. Memoria del Año 2004, presentada al Parlamento español en Mayo de 2005, y disponible en internet en la página http://www.defensordelpueblo.es (Informes y documentos. Informe 2004), pp. 1137 y 1138.
2) Noviembre de 2005. Escrito del Defensor del Pueblo de Noviembre de 2005, en el que informa del diálogo mantenido entre esta institución y el Ministerio de Educación y Ciencia , MEC, sobre el Manifiesto de los Sexenios.
En la Memoria de Mayo de 2005, el Defensor reitera su preocupación por los problemas que presenta la evaluación de los Sexenios en España, y señala que
“esta Institución ha acordado solicitar que se informe sobre la postura mantenida por el citado órgano (CNEAI), respecto a a otras cuestiones...., así como sobre las que se abordan en un documento, que según los datos de los que ha podido disponer, habría sido firmado por más de 1700 profesores de universidad, en relación con la evaluación de la actividad investigadora”
En el escrito de Noviembre de 2005, el Defensor comenta las respuestas recibidas del Ministerio y la posterior respuesta del Defensor en defensa de los derechos de los investigadores firmantes del Manifiesto. Como muestra del firma apoyo que el Defensor a estos derechos razonados con claridad en el Manifiesto, seleccionamos los siguientes párrafos que incluye en su respuesta al Mec:
“En relación con este punto, se ha indicado a la Secretaría de Estado de Educación que a esta Institución (El Defensor) le compete la defensa de los derechos subjetivos de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración, por lo que dicha defensa no solamente debe encauzarse desde la perspectiva del examen de la legalidad de la actuación administrativa, sino también valorando aquella legislación o normativa que, aun contando con la iniciativa de quien detenta la potestad reglamentaria o con el consenso de las fuerzas políticas, pueda generar en su aplicación supuestos de “mala administración” o causar situaciones injustas al ciudadano.
Desde esta perspectiva, el Defensor del Pueblo puede solicitar un cambio de criterio en la actuación de la Administración o un cambio normativo, pues se trata de una de las competencias que corresponden a su ejercicio ...”
“se trataría de entender que este sistema puede ser globalmente mejorable en la medida en que, además de tenerse en cuenta la evolución histórica y los parámetros internacionales de cada área del conocimiento y la homologación con los estándares internacionales de la disciplina (elementos externos), también se deberían de alcanzar los parámetros actuales que exige el principio de “buena administración” (elementos internos), reforzando los mecanismos de garantía de los ciudadanos a través del establecimiento de un procedimiento de evaluación más transparente, ágil, menos dilatorio, eficaz e imparcial”.
El decidido apoyo del Defensor del Pueblo, constituye sin duda una garantía para los recursos administrativos o judiciales que presentemos hasta lograr que se atiendan las justas peticiones que figuran en el Manifiesto. Más información en:
http://www.usc.es/economet/forounives.htm